¡Más que cantidad se necesita calidad y efectividad en las Áreas Marinas Protegidas de Colombia!
“La política de creación de áreas marinas protegidas no incorpora indicadores económicos y sociales para la identificación de sitios de conservación prioritarios, por tal motivo se deberían incorporar aspectos socioeconómicos en las primeras etapas de la planificación de AMP y comprensión de los vínculos socioecológicos”
Colombia tiene aproximadamente un 45% de área marítima la cual provee hábitat para la biodiversidad del Caribe y del océano Pacifico, por tal motivo se han establecido las áreas protegidas marinas (AMP) que son áreas geográficamente definidas, las cuales son reguladas y gestionadas para lograr objetivos específicos de conservación. Mientras que los avances en la conservación marina son importantes, las acciones de conservación deben moverse más allá del número de AMP y centrarse en las estrategias para mejorar la efectividad de las AMP, concluye una revisión exhaustiva sobre el estado de las AMP en Colombia realizada por Ramírez en el 2016. Asimismo, se determinó que existen ciertas barreras para mejorar la efectividad de estas AMP como la falta de implementación de políticas participativas, que limita la capacidad de organización de las comunidades y las instituciones, además la falta de regulación de las prácticas pesqueras, entre otros factores barrera para hacer más efectivas las AMP. En el estudio se establece que las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones privadas y la organización de la comunidad afro descendiente representan oportunidades clave para aumentar la participación de las comunidades en el manejo y gestión de las AMP, que mejorarían la gobernabilidad de las AMP en el país.
En la última década, la selección de sitios de áreas protegidas en Colombia, ha sido exhaustiva. Estos procesos han involucrado a las autoridades ambientales, institutos de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales. La identificación de sitios de conservación prioritarios y análisis de brechas de la biodiversidad ha guiado el establecimiento de nuevos espacios marinos protegidos en Colombia a nivel regional y nacional garantizando representatividad e integridad ecológica. La adopción de un enfoque ecológico integrado en la identificación de áreas marinas para la protección ha fomentado la investigación y desarrollo; asociaciones entre investigadores, académicos, nacionales y ONG internacionales; y una importante financiación internacional lo que mejora la capacidad de gestión del país.
La efectividad es fundamental para las AMP y está relacionada con muchos aspectos ecológicos, sociales y económicos y el desempeño de las AMP. El estudio de las AMP realizado por Ramírez en 2016, pretende un examen de la situación de las AMP en Colombia, realizando un análisis cualitativo para examinar el desarrollo de AMP en Colombia para entender el sistema de APM, plantear mejores políticas de manejo en las APM e identificar barreras y oportunidades desarrollo de estas áreas. Se realizaron entrevistas e investigación de documentos públicos y se encontró que Colombia tiene 31 AMP (Tabla 1) y entre las AMP establecidas recientemente, los Distritos regionales de manejo integrado DRMI han sido la categoría más común de administración asignada. Los DRMI se usan junto con las AP nacionales (es decir, parques naturales y Santuarios de Fauna y Flora) para complementar la protección estricta en porción marina con actividades de uso sostenible en la costa. Por lo tanto, los derechos territoriales, el uso de la comunidad y los acuerdos de uso pueden ser reconocidos y se puede alentar la participación de la comunidad.
Tabla 1. Áreas protegidas marinas en Colombia en el Caribe, Caribe insular y el Pacífico con su categoría IUCN.
Además, en el estudio se determino que la política de creación de áreas marinas protegidas no incorpora indicadores económicos y sociales para la identificación de sitios de conservación prioritarios, por tal motivo se deberían incorporar aspectos socioeconómicos en las primeras etapas de la planificación de AMP y comprensión de los vínculos socioecológicos, lo que aumentaría las oportunidades para un gobierno con un enfoque integrado que resultaría en AMP más efectivas. Por otro lado, se ha logrado mejorar el desempeño de las AMP, y que se han implementado normativas que delegan responsabilidades ambientales de los ecosistemas marinos a las autoridades ambientales regionales costeras que facilitan la integración de las autoridades nacionales y regionales en la protección de la biodiversidad marina, haciendo una descentralización del manejo marino costero de ciertos recursos.
Las principales barreras para el establecimiento de AMP efectivas son la falta de consenso y organización entre los entes gubernamentales, la carencia de capacidad institucional, mecanismos de participación de todas las partes implicadas y falta de organización y mecanismos de transferencia de la información, el no control de las prácticas pesqueras, la violencia y actores ilegales. Por otro lado, el estudio concluye que dentro de las oportunidades están los acuerdos entre entes gubernamentales y no gubernamentales, mejor relación entre autoridades de parques y la comunidad, el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos, la existencia de un capital social como la comunidad afro descendiente y el soporte técnico e internacional para mantener rigiendo las AMP bajo ciertas políticas donde participe activamente la comunidad.
A pesar de que se ha promovido la educación respecto al medio ambiente, la investigación comunitaria y establecimiento de acuerdos sobre el uso de recursos, la integración y la participación de los interesados en la planificación y gestión de AMP, el reconocimiento del papel en la gobernanza de las AMP sigue siendo limitado. Existe una falta de integración de factores socioeconómicos y organización entre varios entes para poder articular y hacer más efectivas estas APM, ya que debido a la sobrepesca, el cambio climático y factores antropogénicos la biodiversidad marina está en riesgo y por tal motivo se hace imperante el establecimiento de nuevas políticas participativas que protejan y mantengan estas áreas marinas protegidas.
Sandra Montaño Salazar
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